La Fundación Biodiversidad ha publicado el Informe del 4º Inventario de Iniciativas de custodia del territorio del Estado español, un censo que comenzó en el año 2008 y que tiene como objetivo recoger el estado actual y la evolución de todas las iniciativas de custodia. La Fundación Entretantos, como asistencia técnica de la Plataforma de Custodia del Territorio durante los años 2014 y 2015 ha tenido un papel protagonista en la elaboración y desarrollo de esta herramienta, columna central de una de las modalidades de conservación de la naturaleza más interesantes desde la perspectiva de la participación social.
La custodia del territorio consiste, básicamente, en un acuerdo entre los propietarios y usuarios del territorio y una entidad sin ánimo de lucro implicada con los valores de dicho territorio, por el cual ambos se comprometen a trabajar en su conservación. A partir de esta modalidad básica, consistente en un acuerdo de conservación de índole privada, se pueden sumar diversos agentes y organizaciones, tanto públicas como privadas: La administración del Estado, por ejemplo, así como las de ámbito regional y local pueden jugar un importante papel de apoyo técnico, logístico y financiero, que además está ampliamente recogido en el marco legal. La custodia del territorio acoge también a otras instituciones, universidades, empresas y organizaciones sociales, unidas en torno a los acuerdos concretos.
El resultado es una gran telaraña de acuerdos y entidades de custodia que se extiende por todo el territorio nacional y que cuenta bajo su tutela con una gran superficie territorial. El problema es saber exactamente el alcance y las dimensiones de esta telaraña y una solución, también participada, consiste en la publicación bienal de este Inventario de Iniciativas de Custodia del Estado Español.
La Fundación Biodiversidad, dependiente del MAGRAMA, es la responsable, a través de la Plataforma de Custodia del Territorio, de la elaboración de este inventario, poniendo de relieve el papel de apoyo y tutela de la custodia que ha ejercido sobre este movimiento desde la Declaración de Montesquiu, que marca el comienzo de la custodia en España. Esta Plataforma destaca además por haber sido capaz de mantener una estrecha relación con las entidades de custodia (muchas de ellas pertenecientes al ámbito conservacionista y ecologista), dando un ejemplo de relación público-privada que ha sido modélico en muchos aspectos. Entre los principales aciertos de esta relación, además de las líneas de ayudas a proyectos de custodia, destaca el impulso y refuerzo del propio tejido social de la custodia del territorio apoyando la creación de redes autonómicas y el funcionamiento del Foro Estatal de Custodia del Territorio. Otro aspecto clave ha sido el reconocimiento al liderazgo técnico y operativo que representa la custodia catalana de manos de la Xarxa de Custodia del Territori y el trabajo conjunto con ellos que ha permitido grandes avances en el ámbito estatal. Finalmente, es importante resaltar también la apuesta decidida por ampliar el ámbito de la custodia a la Unión Europea, promoviendo un modelo de coordinación que no sólo ofrece nuevas oportunidades y un mayor reconocimiento y capacidad de acción, sino que reconoce y defiende las peculiaridades de la custodia del territorio que se realiza en el sur de Europa.
El resultado, recogido en este inventario, es una gran superficie de territorio bajo acuerdos de custodia (550.987,05 hectáreas), una red de 216 entidades y un número total de acuerdos que, a finales de 2015, ascendía a 2.686, repartidos por todo el territorio español., Estas cifras, además, vienen incrementándose de forma significativa desde el año 2008, fecha del primer Inventario.
La custodia del territorio, como otros movimientos sociales relativamente jóvenes, se encuentra en una fase de maduración, haciendo frente también a diferentes retos, problemas y barreras, entre ellas la dependencia de fuentes de financiación pública (una cuestión un tanto delicada para un movimiento de base social y privada), la necesidad de un grado de capacitación y profesionalidad elevado entre las entidades de cara a ofrecer servicios adecuados y resultados tangibles, la debilidad de muchos de los acuerdos que perjudica su eficacia, las relaciones no siempre fáciles con las diferentes administraciones, la necesidad de un marco jurídico más seguro para todos los agentes y el camino tortuoso hacia un mayor grado de coordinación e integración a nivel autonómico y europeo. Además, la aparición de nuevas modalidades de custodia como la custodia marina o la custodia del patrimonio cinegético, van complicando un panorama bullente y complejo atrayendo nuevas iniciativas, pero también oportunismos y malas prácticas que conviene mantener bajo estrecha vigilancia. En todo caso es este un movimiento vigoroso, participativo y con raíces profundas en el territorio que merece nuestro apoyo y que supone, además, un interesante campo de experimentación para potenciar y mejorar el uso de herramientas de participación como base metodológica para el desarrollo de sus acuerdos.
